El testamento abierto notarial

En primer lugar hay que decir que los distintos tipos de testamentos vienen determinados por una previa forma constitutiva de tal manera que aquel testamento que no encaje en una de esas formas es directamente nulo. Así lo deja meridianamente claro el artículo 687 del Código civil que dispone sin ambages que “Será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades respectivamente establecidas en este capítulo”.

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Ya comentamos en un lejano post que publiqué en este blog, al que me he propuesto darle renovada vida siendo más constante en la humilde divulgación del Derecho que quien escribe puede hacer, que los testamentos se dividen entre los Ordinarios y los Extraordinarios. Dentro de los primeros, entre otros, se encuentra el protagonista de estas líneas, que es el testamento abierto notarial.

Nos dice en primer lugar el Código civil al respecto en su artículo 679 que “Es abierto el testamento siempre que el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone”. Poco más adelante, en el artículo 695 continua diciendo “el testador expresará oralmente o por escrito su última voluntad al Notario. Redactado por éste el testamento con arreglo a ella y con expresión del lugar, año, mes, día y hora de su otorgamiento y advertido el testador del derecho que tiene a leerlo por sí, lo leerá el Notario en alta voz para que el testador manifieste si está conforme con su voluntad. Si lo estuviere, será firmado en el acto por el testador que pueda hacerlo y, en su caso, por los testigos y demás personas que deban concurrir.

Por tanto el testamento abierto notarial se otorga ante Notario, obviamente, el cual interviene en su redacción, lo autoriza, lo firma y lo incorpora a su protocolo y acaba siendo su depositario. Es el testamento más utilizado por el común de los mortales, si se permite traer esta expresión tratando como estamos una materia tan vinculada a la muerte, es el que ofrece mayor seguridad jurídica y por ende el más recomendable para una persona que decide testar.

La ley, exige unos requisitos formales para otorgar un testamento abierto notarial:

  • En primer lugar, de lógica es identificar al testador. En este caso mediante el DNI.
  • El Notario debe apreciar que el testador se encuentra en condiciones físicas y mentales para testar.
  • Debe expresarse bien oralmente, bien por escrito la voluntad del testador.
  • Lectura del testamento por el Notario en voz alta que debe asegurarse de que el testador lo entiende y aprueba.
  • Debe indicar año, día y hora del otorgamiento nos indica el artículo 695 C.c.
  • Entre el momento de la lectura final y la firma por el otorgante debe haber unidad de acto.

Finalmente, se puede señalar que desde el año 1991, no son necesarios los testigos, si bien el otorgante puede llevarlos si lo desea, pero sí que se exigen dos testigos de carácter instrumental para casos en los que el otorgante no sabe o no puede firmar como señala el artículo 697.1 C.c; o en caso de que sea o ciego, o que no pueda leer, o sea sordo como nos continua indicando a estos efectos el mismo artículo de nuestro Código civil.

 

Siniestro en el Canal de la Giudecca de Venecia — Revista Marítima & Portuaria

Por: Andreina Cruces Vivas (Abogado -UCAB) Vicepresidente del Escritorio Jurídico Suarez Cruces y Asociados Coautor Daniel A. Suarez Romero / Pdte de SCA_Abogados Este 2 de junio tuvo lugar un siniestro en San Basilio-Zattere, en el Canal de la Giudecca de Venecia, Italia. El Crucero MSC Opera, propiedad de MSC Cruises, el cual cuenta con […]

a través de Siniestro en el Canal de la Giudecca de Venecia — Revista Marítima & Portuaria

El domicilio social de las sociedades de capital

Cuando se constituye una sociedad debe designar su domicilio social y reflejarlo en sus estatutos sociales tal y como exige el artículo 23.c de la Ley de Sociedades de Capital.

Además, según el artículo 9.1 de la misma Ley, la sociedad de capital que se constituyera deberá fijar su domicilio dentro del territorio español y en el lugar en que radique el centro de su efectiva dirección y administración o aquél en que se asiente su principal establecimiento o explotación.

Estas exigencias legales tienen una consecuencia de trascendencia, ya que a tal sociedad se le atribuye la nacionalidad española, y, aunque se hubiera constituido en otro país se regirá por la Ley de Sociedades de Capital.

Puede, por otra parte, darse el caso que el domicilio en el que se encuentra el centro de la efectiva dirección y administración o aquél en el que se encuentre su principal establecimiento o explotación, sea distinto al que constara como domicilio registral; es decir, el que consta en los estatutos sociales. Si se da esta circunstancia, los terceros podrán considerar como domicilio social cualquiera de ellos a todos los efectos y así lo manifiesta el artículo 10 de la LSC. Ley 1/2010 de 2 de julio del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Otra cuestión que se suscita sobre el domicilio social está relacionado con lo que conocemos como “sucursales”. Por sucursal hay que entender todo establecimiento secundario dotado de representación permanente y cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrollen, total o parcialmente, las actividades de la sociedad (art. 295 del Reglamento del Registro Mercantil). Pues bien, a efectos de domicilio social en este caso cabe decir que la sucursal debe inscribirse en la hoja registral abierta de la sociedad además de que deberá ser registrada igualmente en el Registro Mercantil de su domicilio, salvo que esta sucursal se encuentre en la misma provincia en la que esté la sociedad.

Algunas razones para votar a Casado

Mis razones para votar a Casado se basan principalmente en que está soltando el lastre que había convertido al Partido popular en una organización llena de personas carentes de toda ideología tal y como acabó configurando Rajoy al partido, negándole toda esencia y razón de ser que cualquier organización política ha de atesorar. Sin ideología en un partido sólo puede haber vacío y en ese vacío sólo podían prosperar melifluos y melifluas cuyo discurso podía ser del tipo: “las flores son bonitas o que no te quiten la sonrisa”; es decir: inanidad. Está sustituyendo Casado a esa “trupe” por gente de grandes cualidades intelectuales y comunicativas, comprometidas con España y dispuestas a dar la batalla ideológica; cosa, esta última, a la que renunció el PP de Rajoy y/o Soraya.

Con Casado estamos ante un nuevo partido; joven pero también experto, regenerado, sin lastres de ningún tipo. Hay un nuevo impulso y un liderazgo que va a forjarse de manera exponencial conforme vaya la militancia y la opinión pública en general, observando que probablemente, estemos ante el político más brillante que haya dado nuestra democracia.

La paradoja que puede darse es que, siendo esto así, en el camino en el que el pp de Rajoy y Soraya fueron fiándolo todo a la economía, fueron tantos los españoles que se vieron desafectados con esa “no politica” que les dejaba huérfanos de ideología y que desatendía otros afanes de buena parte de la sociedad. Esos españoles encontraron refugio en Vox, y puede ser que en la primera gran cita electoral de alcance general en que esa gente va a poder (o cree poder) castigar a Rajoy, no siendo esto ya posible, lo que va a hacer realmente es castigar a Casado, y por ende premiar a Sánchez que se beneficiará de ese abandono de esos votantes del PP hacia un lugar que, lamentablemente, empieza a coquetear descaradamente con el populismo. No es de extrañar que según ha revelado en redes la periodista de OK Diario, Cristina Seguí; Abascal llegase a decir en su momento en un almuerzo que quería convertirse en el Pablo Iglesias de la derecha. No hay más preguntas Señoría…

En definitiva, no es momento ya de castigar a Rajoy, sino de no castigar a España.

Pablo Casado tiene un proyecto para nuestro país; esto lo explica mejor este artículo del diario Expansión; un proyecto de alcance económico, integrador de todos los españoles y españolas en libertad e igualdad; que abarca más allá de las polémicas que son de cotidiana actualidad o de las ocurrencias que no tienen más de tres días de duración que copan las primeras páginas; y que va encaminado a avanzar en una España unida, próspera, libre y democrática en la que cada vez haya menos ruido e inestabilidad y más futuro para todos.

Queridos ex votantes del pp, es el momento de volver. Nunca ha sido mejor ni más importante momento.

Clasificación de las formas testamentarias

Clasificación de las formas testamentarias

Abro con este post, una serie de capítulos dedicada al Derecho de sucesiones, centrándonos, con toda sencillez, únicamente en las distintas formas de otorgar testamento según el ordenamiento jurídico español y en las características y requisitos propios de cada una de las modalidades.

“El testamento puede ser común o especial” nos dice el Código civil en su artículo 676. El segundo párrafo del mismo artículo nos dice que considera testamentos comunes a las siguientes formas testamentarias: testamento ológrafo, abierto o cerrado. El Código civil nos va posteriormente dando una noción de cada una de estas formas testamentarias:

  • “ Se llama ológrafo el testamento cuando el testador lo escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos que se determinan en el artículo 688” dice el artículo 678.
  • Es abierto el testamento siempre que el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deban autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone” artículo 679
  • Por último “ El testamento es cerrado cuando el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto” dispone el artículo 680.

En cuanto a los testamentos especiales, hemos de acudir al artículo 677 del Código civil en el que nos especifica cuáles merecen dicha clasificación: “se consideran testamentos especiales el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero”.

Valga este breve post, a modo de introducción, como una primera toma de contacto para profundizar, como he adelantado al comienzo, en cada una de las formas testamentarias. La próxima entrada se referirá al testamento abierto notarial y, al testamento abierto sin intervención notarial.todo el movil 001

Gracias por la lectura.

Responsabilidad del empresario

Para limitar la responsabilidad de una persona física resultante de la actividad empresarial, existen varias alternativas. Por ejemplo las que se regulan bajo la figura de “emprendedor de responsabilidad limitada” o la posibilidad de constituir sociedades anónimas o de responsabilidad limitada unipersonales.

Cuando se trata de un empresario individual y se quiere evitar que una persona física responda con todo su patrimonio de sus deudas empresariales, el ordenamiento jurídico permite en la actualidad la constitución de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada unipersonales. Esa sociedad se constituirá con la aportación de los bienes y derechos integrantes de la empresa, lo cual le permitirá que, llegado el caso, que por las deudas surgidas de la explotación empresarial no puedan verse comprometidos más que los bienes y derechos integrantes de la sociedad unipersonal, pero NO los de su patrimonio personal.

Marco jurídico de la UE sobre las sanciones a Hungría

Como seguramente es sabido por muchos, esta semana aprobó el Parlamento Europeo por 448 votos a favor y 197 en contra, un informe en el que se pide que se ponga en marcha el procedimiento sancionador contra Hungría previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) por violación grave de los principios democráticos.

Mi propósito en este post es tratar de explicar en qué consiste este mecanismo de la manera más comprensible y objetiva posible.

Empecemos por el principio, ¿Qué se entiende por valores, principios y objetivos de la Unión Europea? Debemos remarcar que la democracia está en el origen mismo de las Comunidades Europeas y así continua en la actual Unión Europea y ya, en el Tratado de Ámsterdam (1997) explícitamente se considera a la democracia y sus valores como su fundamento y objetivo. En esa línea, el vigente artículo 2 del TUE dice <<La Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías>>. Continúa diciendo el artículo 2 <<Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres>>.

Pocos artículos más delante de este número 2 del TUE, aparece el artículo 7 que es el escenario que ha cobrado protagonismo en esta semana que dejamos. Sintetizando, en este artículo se prevén sanciones para los Estados miembros que violen los principios del citado artículo 2.

Entrando de lleno en el análisis de este artículo 7 del Tratado de la Unión Europea debemos adelantar que existen dos mecanismos para su aplicación, o si se prefiere, deben darse distintos escenarios para aplicarlo en distintos grados. Por un lado, nos podemos encontrar con la “Recomendación” derivada de la constatación de un riesgo claro de violación grave de los principios del artículo 2 del TUE. Su aplicación se fundamenta en <<la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2>>.

Ahora bien, no se dice nada de los medios para alcanzar dicha constatación, no está sujeta a exigencia formal alguna como dice Linde Paniagua. Además, se exige que dicha propuesta (de sanción) proceda, al menos, de un tercio de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión. Recibida la propuesta el Consejo por mayoría de cuatro quintos, y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por un Estado miembro, dirigiéndole las recomendaciones adecuadas. El Consejo, previamente, ha de oír al Estado miembro en cuestión, y podrá solicitar a personalidades independientes que presenten un informe de situación sobre dicho país. El Consejo puede comprobar de manera periódica si los motivos que le han llevado a acordar la constatación siguen teniendo validez y mantener o no el acuerdo, o dar paso a la situación siguiente.

Y esa situación es la llamada “Suspensión” de derechos derivada de la constatación de la violación grave y persistente de los principios del artículo 2 del TUE. El Consejo Europeo (no confundir con el Consejo, que son dos Instituciones distintas dentro de la UE) por unanimidad podrá constatar o no la violación grave y persistente por parte de un Estado miembro a propuesta, al menos, de un tercio de los Estados miembros, o de la Comisión, y previa aprobación del Parlamento Europeo. Antes de adoptar un acuerdo se invitará al Estado concernido para que presente observaciones.

Es importante, a los efectos del caso de Hungría, que tengamos en cuenta que dicho acuerdo ya es entendido en sí mismo como una sanción. Pero el artículo 7 TUE prevé otras sanciones, entre ellas la suspensión de derechos. La adopción de sanciones corresponde al Consejo en su formación ordinaria, decisión que precisa la mayoría cualificada para la que no se tendrá en cuenta el voto del Estado concernido. El artículo 7 no es muy preciso en lo que se refiere al ámbito en que puede operar la sanción de la suspensión. Sí ha previsto, sin embargo, la suspensión de los derechos de voto del representante del gobierno del Estado sancionado en el Consejo, pero no se le puede prohibir la asistencia al mismo.

Finalmente, el artículo 7 citado ha previsto que se pueda modificar las sanciones si se producen cambios en la situación que determinó la su adopción e incluso que pueda revocarlas.

Y este es un pequeño planteamiento del marco jurídico en el que se encuentra la situación de Hungría en respecto a este primer paso que dio el Parlamento Europeo el pasado miércoles 12 de septiembre. Mi intención es simplemente ponernos en situación desde el punto de vista jurídico dentro del complejo entramado institucional que supone la Unión. Las valoraciones políticas no me apetece hacerlas y además creo no tener los suficientes elementos de juicio para tener una opinión más o menos categórica al respecto.

Unos brevísimos apuntes sobre la Codificación y el positivismo en Europa.

Idea de Código y de Codificación en Europa.

El viejo derecho acumulaba normas de épocas distintas, dictadas en su momento para resolver situaciones sociales, políticas, económicas cuyunturales. Pero el constante acarreo de siglos había creado una maraña de legislación, confusa, dispersa y contradictoria totalmente inmanejable.

De cualquier modo, a finales del Siglo XVIII era ya opinión común la necesidad de establecer una teoría general de creación y fijación de las leyes que acabase con el anárquico e inseguro sistema anterior. Esa teoría general comenzó a llamarse “ciencia de la legislación”. Tal fue el título de la notable obra que “Gaetano Filangieri” escribió entre 1780 y 1788 acerca de la técnica de redacción y contenido adecuado de las leyes.

El término “Codificación” se generalizó a partir de su empleo por Jeremy Bentham en sus diversas obras sobre exigencias técnicas de todo método legislativo. Para dicho autor, las leyes habían de ser pocas, claras, concisas, completas, sistemáticas, y redactadas en lenguaje vernáculo.

Las obras de Bentham y, sobre todo, la de Filangieri, influyeron de forma considerable en la siguiente generación de analistas y codificadores.

Por otro lado, la burguesía reclamaba un derecho completo y conocido para que su interpretación y aplicación no estuviera en manos de la discrecionalidad de jueces y juristas.

Frente al anticuado sistema recopilatorio o acarreo de leyes promulgadas desde siglos atrás, generadas para salir al paso de necesidades concretas, y frecuentemente contradictorias y anticuadas, el código revolucionaba esta trasnochada concepción del derecho escrito: se pretendía un solo texto por cada materia, ordenado sistemáticamente, de acuerdo a un plan previo, que tratase de regular todos los aspectos imaginables con un lenguaje claro, breve y conciso.

La protección diplomática. ¿Qué es? (I)

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La protección diplomática es uno de los procedimientos más clásicos para asegurar la aplicación de las normas del Derecho Internacional. Su regulación se encuentra en normas de Derecho consuetudinario y que la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas ha codificado.

Podemos definir la protección diplomática como << la invocación por un Estado, mediante la acción diplomática o por otros medios de solución pacífica, de la responsabilidad de otro Estado por el perjuicio causado por un hecho internacionalmente ilícito de ese Estado a una persona natural o jurídica que es nacional del primer Estado con miras a hacer efectiva esa responsabilidad>>.

Es el Estado el que inicia y ejerce la protección diplomática y al  corresponde el derecho a presentar la reclamación.

Mediante la protección diplomática el Estado ejercita un derecho propio  y no un derecho del ciudadano o nacional suyo. Además, una vez que el Estado inicia la protección, la persona física o jurídica no está legitimada para renunciar a dicha protección o para hacer desistir al Estado de una acción emprendida.

Por otro lado, se puede decir que no existe norma alguna en el Derecho Internacional que obligue al Estado ejercer la protección diplomática. Se trata por tanto de una acción puramente discrecional en la que puede decidir si ejercita o no dicha protección diplomática, así como decidir si pude renunciar a su ejercicio una vez iniciada y que se el Estado, y no el particular, el que considere suficiente o no la reparación.

A pesar de lo dicho anteriormente, es decir, la discrecionalidad con la que se puede ejercer la protección diplomática por parte del Estado, cada vez es más común, mejor dicho, tiene más apoyo y es mas aceptado entre la doctrina jurídica la tesis según la cual los Estados sí tienen alguna obligación de proteger a sus nacionales en el extranjero cuando son víctimas de violaciones graves de sus derechos. Así, son numerosas las sentencias y muchos  tribunales internos de distintas naciones que indican que, si bien un Estado puede decidir discrecionalmente –como vengo diciendo- si va a ejercer o no la protección diplomática, ello no obsta a que tenga la obligación de hacer algo para ayudar a sus nacionales y entre ese “algo” puede encontrarse la obligación de considerar la posibilidad de ejercer la protección diplomática.

Llegados a este punto, y antes de terminar este primer mini artículo sobre la protección diplomática, es conveniente subrayar que en lo que se refiere a España, no existe en su Derecho interno norma alguna que expresamente atribuya al particular el derecho a exigir del Estado el ejercicio de la protección diplomática una vez que haya agotado los recursos internos que ha lesionado sus derechos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional español, ha establecido con su jurisprudencia que se puede establecer una indemnización a favor de ese particular nacional español por la ausencia de las medidas adecuadas de los poderes públicos y entre ellas la protección diplomática, siempre y cuando, se acredite el nexo causal entre la ausencia de su ejercicio y la lesión que ha recaído sobre el particular.

Hasta aquí una primera toma de contacto con “la Protección diplomática”. En el próximo post, escribiré sobre las formas en que la misma se pude ejercer y sus condiciones.

Muchas gracias por haberme leído.

Una aproximación al Registro de la Propiedad. 

La relevancia del Registro de la Propiedad es destacable además de indiscutible en el actual sistema crediticio y en el tráfico jurídico – inmobiliario desde que se instauraran estos registros por la Ley Hipotecaria de 1861.

En España se contó antes con un Registro de la Propiedad que con un Registro Civil, entre otras cosas, la razón de ello es debida a que la propia Ley Hipotecaria es anterior al Código Civil y a la publicación de la Ley de Registro civil de 17 de junio de 1870.

El Registro de la Propiedad es un Registro dedicado especialmente a reflejar la constitución y dinámica de los derechos reales que afecten a bienes inmuebles.

El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Afirma el artículo 605 del Código Civil.

El Registro de la Propiedad es un organismo público que, de forma oficial, publica la situación jurídica en que se encuentran los bienes inmuebles y los derechos reales que se hayan inscrito en él.

Cualquier persona que acredite tener un interés legítimo tiene derecho a acceder al contenido del Registro para informarse de los derechos y cargas recayentes sobre la finca inscrita. 

Cada oficina del Registro se encuentra dirigida y salvaguardada por un técnico en Derecho con una cualificación muy especial y seleccionado mediante unas oposiciones libres que ostenta el cargo de Registrador de la Propiedad. 

El Registro de la Propiedad representa un mecanismo importantisimo para la seguridad del tráfico inmobiliario y económico.

El acceso al contenido del Registro se puede llevar a cabo, siempre que el consultante tenga un interés legítimo, a través de varios medios:

  1. Consulta directa de los libros registrales sobre las fincas o derechos que interesen al consultante. 
  2. La, seguramente conocida, Nota simple informativa. Que emite el Registrador a petición verbal o escrita del consultante. Hay que precisar que este documento tiene un valor meramente informativo y no tiene la consideración  de documento público.
  3. Certificación registral. Que requiere solicitud por escrito o telemática y que una vez emitida, esta vez si tiene valor de documento público.

Conviene, para finalizar esta pequeña aproximación al Registro de la Propiedad, hacer una referencia breve al Registro de la Propiedad de bienes muebles, que también está encomendado al Registrador de la Propiedad y que tiene por objeto la publicidad de la propiedad y de las cargas y gravámenes sobre los bienes muebles y las condiciones generales de la contratación. Se divide en 6 secciones que afectan al registro de buques y aeronaves, automóviles, maquinaria industrial, establecimientos mercantiles y otras garantías reales.